Para sorpresa de nadie, esta semana fue aprobado el paquete de reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación, con lo que inicia una etapa de incertidumbre para el futuro de la impartición de justicia en nuestro país, y sobre el futuro laboral de miles de trabajadores, para los que no habrá justicia. Una incertidumbre que México no necesitaba darse.
Es innegable la necesidad de una reforma a todo el aparato de procuración e impartición de justicia de México y lo sigue siendo, porque lo que esta semana se aprobó en el Congreso no es esa reforma que se requiere.
Con la reforma, el PJF asume el proceso de selección mediante elecciones tal y como los cargos de representación popular que conocemos hasta ahora, la diferencia radica en el hecho de los jueces, no son representantes populares, no deben representar a nadie, su deber es simplemente que la justicia se cumpla y no hay otra justicia que lo que la ley establece, porque así se plasmó en el acuerdo, en el pacto fundacional de nuestra nación, en la idea fundamental de la configuración moderna del estado mexicano.
Es en este punto donde gravita el problema de fondo con la reforma recién aprobada, pocos estarán en desacuerdo sobre la naturaleza mediática e irreflexiva de las campañas políticas, en donde el espectáculo es lo que prima, en este punto de nuestra historia, hemos tolerado la desviación de conducta y el incumplimiento de las promesas de campaña como algo normal.
¿Pero que va a pasar cuando persuadidos por la locuacidad o simpatía de un candidato a Juez Federal nos convenza de darle nuestro voto, y ya en el cargo incumpla con la promesa de actuar con justicia y probidad?
¿Que mecanismo prevé la reforma para la remoción de aquellos que no cumplan con diligencia y probidad con su trabajo? ¿Estarán blindados por la protección del partido político que los cobije, como ya sucede con otros tantos políticos con procesos penales detenidos por razones políticas como el del Senador Yunes?
Establecer un tribunal de disciplina judicial rompe con la lógica y los argumentos de democratizar al poder judicial federal, reduce la idea de democracia a una noción empobrecida de ella mediante la cual el ciudadano solo puede legitimar a los funcionarios con su voto, pero no puede removerlos y aunque de suyo todo lo anterior suene grave, este puede ser el menor de nuestros problemas con esta reforma.
El malestar político se originan en una raíz cultural, el sistema de representación popular es disfuncional, ha dejado de ser representativo eficazmente, los votos son solo un número, el ciudadano cada vez más dispuesto a delegar responsabilidad si eso le evita esfuerzo, en su idea pesimista las cosas siempre han ido mal y no podrían ir peor o en su ingenuidad, se sienten triunfadores porque ahora si les está haciendo justicia la revolución, pero como sea que fuere caen embaucados por maquiavelistas.
Lamentablemente, nadie lucha y reclama por la justicia, hasta que la necesita, y para entonces, ya es muy tarde, sino está bien establecida su utilidad y su virtud en el imaginario de la gente.
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