El incendio en la isla de Maui, Hawái provocó la pérdida de vidas humanas y daños en la flora y la fauna. Convirtió en escombros más de mil edificios y dejó sin hogar a cientos de miles de lugareños. Hay quienes dicen que todo fue tan rápido que hubo poco tiempo para reaccionar.
Esto nos dice que los sistemas de protección civil, por sofisticados que sean, deben ser sometidos periódicamente a revisión con el ánimo de mejorarlos y fortalecerlos.
El "por qué no nos avisaste" es una frase que no debe escucharse después de un desastre natural o provocado. Este objetivo demanda poner en marcha regularmente simulacros de evacuación y programas de contingencia.
En México, gigantescos desastres despertaron el interés de la población y el gobierno en la protección civil: la explosión de una planta gasera en San Juanico, el 19 de noviembre de 1984; el movimiento sísmico en la CdMx, del 19 de septiembre de 1985, y el estallido en céntricas colonias de Guadalajara, Jalisco el 22 de abril de 1992.
Hoy existe una legislación específica en materia de protección civil (normatividad en estados y municipios, sobre todo en los más grandes), pero el espíritu de la ley es la voluntad para que la ayuda necesaria no demore en llegar a los poblados en desgracia, y se cumpla con la obligación de garantizarle al individuo su integridad física y la de sus bienes, tal y como lo contempla la ley.
Al proteger a los habitantes, una vez efectuado el recuento de los daños, le sigue el prestar auxilio a los que están en peligro inminente de morir atrapados, ahogados, por hambre o porque están heridos. Después, proporcionar ayuda a las víctimas con apoyos tales como agua purificada y alimentos enlatados; e iniciar lo antes posible la reconstrucción o reubicación, el levantamiento de las áreas dañadas, como carreteras, puentes, casas habitación e implementar campañas sanitarias para la prevención de epidemias y enfermedades.
En el Golfo de Tehuantepec que afecta estados del Pacífico y la Sonda de Campeche, que abarca municipios del Golfo de México, entre ellos el nuestro, cada año hay alerta a causa de las lluvias, tormentas y los fuertes vientos del norte, cuyo apremio es acrecentado por núcleos de la población que se instalan en zonas bajas, precisamente donde existe mayor riesgo de inundaciones. Hoy existe una legislación específica en materia de protección civil (normatividad en estados y municipios, sobre todo en los más grandes), pero el espíritu de la ley es la voluntad para que la ayuda necesaria no demore en llegar a los poblados en desgracia, y se cumpla con la obligación de garantizarle al individuo su integridad física y la de sus bienes, tal y como lo contempla la ley.
Al proteger a los habitantes, una vez efectuado el recuento de los daños, le sigue el prestar auxilio a los que están en peligro inminente de morir atrapados, ahogados, por hambre o porque están heridos.
Después, proporcionar ayuda a las víctimas con apoyos tales como agua purificada y alimentos enlatados; e iniciar lo antes posible la reconstrucción o reubicación, el levantamiento de las áreas dañadas, como carreteras, puentes, casas habitación e implementar campañas sanitarias para la prevención de epidemias y enfermedades.
Hoy existe una legislación específica en materia de protección civil (normatividad en estados y municipios, sobre todo en los más grandes), pero el espíritu de la ley es la voluntad para que la ayuda necesaria no demore en llegar a los poblados en desgracia, y se cumpla con la obligación de garantizarle al individuo su integridad física y la de sus bienes, tal y como lo contempla la ley.
Por otro lado, en los trabajos de reconstrucción de Maui, Hawái, grandes compañías comienzan a ver la oportunidad de privatizar servicios y obras públicas y embolsarse mucho dinero. No es la primera vez que esto sucede, y desgraciadamente tampoco será la última, pese al rechazo creciente a las tácticas del neoliberalismo económico y sus gravosos efectos en el nivel de vida de la gente.
A escasos días de que el huracán Sandy tocó tierra en costas de los Estados Unidos el 29 de octubre de 2012, causando daños económicos estimados en 74 mil ochocientos millones de dólares a la ciudad de Nueva York, se previó que el tiempo de reconstrucción sería lento (el mismo argumento que hoy se escucha en Hawái "con el pretexto de la falta de dinero").
Y comenzaron a surgir voces de grupos contratistas y de bienes raíces que manejan miles de millones de dólares para decir que muchos de esos proyectos de obras públicas no deberían ser públicos, y que los gobiernos cortos de dinero deberían voltear hacia esa opción, significando que obras propiedad del Estado como edificios, puentes y carreteras, entre otra infraestructura, podrían pasar a ser administradas por entidades privadas, las cuales cobrarían peaje, cosa que las leyes de Nueva York no permiten; aunque sí otros estados de la Unión Americana.
La ocasión de privatizar servicios y obras públicas y ganar mucho dinero a costa de un desastre natural es solo un "momento de oportunidad" para los tiburones neoliberales que siguen en el festín de apropiarse del patrimonio social a precios de ganga.
NOTA DEL DÍA.- Las muchas razones por las que no marchaba el país pretenden cubrirlo aquellos que antes mandaban y ahora quieren erigirse como próceres de la patria (no los concibo como tales).
Los dueños de la política mexicana desde quién sabe cuándo son los que no aceptan que otros, por el simple hecho de saber más, cuenten con el respaldo popular.
Ay quien le teme a que otros recuperen su poder de compra. sean los que corten las rebanadas del pastel y hagan partícipe de ello a sectores tradicionalmente marginados, que durante mucho tiempo recibieron migajas o nada.
La autodenominada oposición política demostró no tener otra cosa que ofrecer a la ciudadanía más que el regreso al pasado. Pero eso es inaceptable para las grandes mayorías
Actualmente resultaría muy difícil –pongamos por caso- que la gente admita se proyecte una presa donde no hay agua, o acepte que una carretera tenga como concesionarios a los mismos que la construyeron, o se permita la construcción de un hospital para el que no habrá camas o se autoricen créditos para personas o entidades insolventes o que se admita así como así a candidatos a puestos de elección popular señalados por enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias, o que se acepte realizar un plano regulador que beneficie solo precisamente a los políticos, y un largo etcétera.
Nos decían (y siguen diciendo) que con ellos al mando el país saldría ganando, pero no es eso de lo que se trata.