*SIGUE RESISTENCIA A REFORMA JUDICIAL

*LA AUTONOMIA FICTICIA

* ¿ALGUIEN SABE ALGO DEL PRI?

La controversia por la Reforma Judicial sigue en todo su apogeo. El conservadurismo y una aristocracia judicial se baten con todo tratando de evitar que la composición de la Suprema Corte de Justicia, principalmente, quede en manos de la ciudadanía, alegando que se pretende vulnerar su autonomía ¿Pero, a nivel popular, nos hemos ocupado de analizar los antecedentes de ese poder teóricamente autónomo?

México es una República federal compuesta por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que constituyen la fórmula de equilibrio en el ejercicio del poder y que teóricamente son independientes entre sí. No se necesita ser historiógrafo ni nada que se le parezca, pero cuando se han leído pasajes de la historia se encuentran elementos suficientes para concluir que tal separación ha sido tradicionalmente una ficción. Veamos.

En 1913, el presidente FRANCISCO I. MADERO y el vicepresidente JOSE MARIA PINO SUAREZ fueron asesinados por órdenes del entonces jefe de las fuerzas armadas, VICTORIANO HUERTA, en un cruento golpe de estado. La jefatura del poder Ejecutivo federal recayó interinamente en el secretario de Relaciones Exteriores, PEDRO LASCURAIN, que duró en el cargo sólo 45 minutos, suficientes para nombrar a HUERTA secretario de Gobernación y renunciar para que éste accediera a la presidencia por ministerio de ley.

El país se conmocionó y no faltaron los que desconocían al militar rebelde, quien disolvió el Congreso federal. Pero la Suprema Corte de Justicia validó el ascenso. Alguna vez leí, en relación con este pasaje, un comentario contundente: “La Corte tendió el puente por el cual el usurpador entró al terreno de la legalidad”.

Ese es el signo que desde entonces ha acompañado a ese órgano colegiado de toga y birrete. ¿De veras hay quien crea que el Judicial ha sido un verdadero poder independiente? Se necesitaría ser ingenuo para aceptarlo.

ERNESTO ZEDILLO, apenas entronizado en la Presidencia de la República, disolvió de un plumazo el alto tribunal, separando de sus cargos a los 26 ministros bajo el tramposo argumento de que era una exigencia ciudadana para una mejor impartición de justicia. En realidad quería deshacerse de los togados ligados a MIGUEL DE LA MADRID y CARLOS SALINAS.

Redujo de 26 a 11 el número de ministros, promoviendo a juristas que le eran afines y que le servirían para operar sin obstáculos las reformas que tenía planeadas, como la privatización de los ferrocarriles, el Fobaproa y la modificación a las pensiones de 1997 para que los trabajadores en retiro recibieran una pensión del 50 por ciento del salario en lugar del 100 por ciento. Nadie chistó entonces.

La Suprema Corte siempre fue una simple herramienta de los presidentes en turno cuando gobernaron el PRI y el PAN.

Conste que hablamos de las instancias superiores, porque hay que reconocer que en las bases de los órganos personales de administración de justicia hay jueces y magistrados que dignifican la función, aplicando con serenidad, prudencia y rectitud la ley a casos concretos. Pero es allá arriba donde desde siempre se han hecho componendas a la satisfacción presidencial y poderosos grupos económicos que evidentemente les recompensaban su sumisión.

Y es precisamente esa élite judicial la que se resiste fieramente a la propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean electos por la voluntad popular, pues se perderían privilegios como jugosos salarios, prestaciones exclusivas y, sobre todo, que se desarmaría un entramado que permite la protección a grandes deudores fiscales a delincuentes de cuello blanco y a no pocos personajes ligados al narco.

Eso de que se pretende dar “un golpe de estado” no es sino una truculenta versión, cuando la nueva Reforma, ya en vigor, fue analizada y aprobada por el Constituyente Permanente, cumpliéndose paso a paso los requisitos de ley para una enmienda de tal naturaleza. No fue por simple decreto como sucedió con ZEDILLO.

Pero del tamaño de la resistencia es el tamaño de los intereses particulares que se verían afectados con un Poder Judicial integrado sin la participación de los partidos políticos y que realmente actúe con independencia. Eso es a lo que le temen quienes se creían los amos y los dueños de México.

Pero, finalmente, habrá de imponerse lo que una inmensa mayoría de mexicanos estableció como un mandato en las urnas el pasado 2 de junio. Contra la soberanía ciudadana no hay poder que valga.

Pasando a otro tema, ¿alguien sabe lo que está pasando en el PRI tamaulipeco? El que fuera durante décadas el partido político dominante en el estado ya no tiene la menor atención de la ciudadanía. En pocas palabras le vale menos que un cacahuate. Su actual dirigente, la tampiqueña MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, que antes fue una voz sonora, ahora permanece en un virtual ostracismo.

¿Alguien estaría interesado en ocupar su cargo ya sin los sustanciosos subsidios y sin la posibilidad de escalar a puestos políticos superiores? El antes invencible Revolucionario Institucional prácticamente está en extinción y las reserciones en sus filas están a la orden del día. Ninguno de los que fueron sus más afamados personajes y que todavía andan por allí se animan a meter las manos al fuego por una marca que alguna vez les fue benéfica. Al dinosaurio ya no se le mueve ni una pata.

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